22 January 2024
La acción inmediata y decidida de los pueblos indígenas, la sociedad civil y la comunidad internacional fue crucial para salvar la democracia y permitir que Bernardo Arévalo asumiera el cargo en Guatemala.
El lunes 15 de enero de 2024, los políticos anticorrupción Bernardo Arévalo y Karin Herrera finalmente asumieron el cargo de nuevos presidente y vicepresidenta de Guatemala, tras una inesperada victoria electoral en agosto del año pasado. La toma de posesión se produjo después de cinco meses de tensiones por los intentos del pacto de corruptos – una alianza informal de las élites del país con vínculos con la corrupción y el crimen organizado – de anular las elecciones e impedir el traspaso del poder.
La democracia se salvó gracias a las acciones conjuntas de los pueblos indígenas, la sociedad civil y la comunidad internacional. Los pueblos indígenas, a pesar de la opresión histórica sufrida, desempeñaron un papel importante en la defensa de los resultados electorales y en garantizar una transferencia pacífica del poder. Su compromiso de llevar a cabo protestas no violentas (desde organizar huelgas nacionales y manifestaciones de una semana hasta ejercer presión sobre la comunidad internacional) ejerció una presión significativa sobre el gobierno de turno e hizo posible el cambio.
Durante más de 100 días los pueblos indígenas encabezaron una manifestación pacífica frente al Ministerio Público para limitar la persecución espuria contra el partido de Arévalo Movimiento Semilla, y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral.
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado, grupos religiosos y de barrio, se sumaron a las manifestaciones pacíficas en más de 150 lugares en todo el país, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Organizaciones de la sociedad civil también lucharon con acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad para apelar los abusos del Ministerio Público y presionaron a la comunidad internacional para evitar la ruptura de la democracia. Incluso la élite empresarial progresista apoyó la lucha por la democracia.
Por su parte, la comunidad internacional -incluida la Organización de Estados Americanos, a OACDH, Estados Unidos, la Unión Europea y el Parlamento Europeo- observó las elecciones, condenó las acciones arbitrarias del Ministerio Público y ejercieron más presión sobre el gobierno mediante sanciones selectivas. Estados Unidos sancionó a más de 100 personas, entre ellos congresistas, funcionarios de justicia y empresarios, mientras que la Unión Europea también creó un sistema específico de sanciones contra actores antidemocráticos en Guatemala. Las acciones de base combinadas con la presión internacional ayudaron a Arévalo a asumir el cargo y salvar la democracia.
El 14 de enero hubo otra sorpresa: el partido Semilla, ganó la presidencia del Congreso, a pesar de los intentos del Ministerio Público de cancelar el partido. Noventa y dos diputados y diputadas votaron por Samuel Pérez como presidente del Congreso; si se mantiene esta alianza, podrían implementarse algunos cambios. Sin embargo, el Congreso sigue controlado por partidos corruptos y seguirán siendo oposición al gobierno de Arévalo. Otro desafío es que el sistema de justicia continúa controlado por la élite corrupta, lo que representa una amenaza para Arévalo y su gobierno, porque continúa presentando denuncias maliciosas contra él y su partido. Sin embargo, este año el Congreso elegirá la nueva Corte Suprema de Justicia, lo que es una oportunidad para hacer cambios en el sistema de justicia. Esta elección es clave para continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la observación nacional e internacional de esta elección será importante.
Arévalo anunció que exigirá la renuncia de la fiscal general, quien finaliza su mandato en 2026, para detener la persecución política contra jueces independientes, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.
Sin duda, Arévalo gobernará en condiciones adversas con un congreso y un sistema de justicia en su contra, y por eso es fundamental mantener el apoyo de los pueblos indígenas, la sociedad civil y la comunidad internacional. Durante los últimos meses han demostrado la capacidad de salvar la democracia y mantener la esperanza en Guatemala.
En diciembre de 2023, Arévalo participó en un seminario sobre derechos humanos y reparaciones, organizado por Impunity Watch, y manifestó estar dispuesto a rescatar la agenda de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Impunity Watch celebra el rescate de la democracia y está dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno en una agenda de derechos humanos y continuar la lucha contra la impunidad. Continuaremos trabajando en alianza con organizaciones de víctimas, los movimientos indígenas, la sociedad civil y la comunidad internacional para promover cambios en Guatemala y sostener la democracia y los derechos humanos.