17 July 2025
La persecución y criminalización de los actores de la justicia y los defensores de los derechos humanos se está agravando en Guatemala. Los ex dirigentes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, se encuentran encarcelados desde el 23 de abril de 2025. El Ministerio Público de Guatemala los acusa de terrorismo, obstrucción de la justicia y asociación ilícita por participar en las manifestaciones pacíficas de 2023 en defensa de la democracia en Guatemala.
Este caso viola los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala. El artículo 66 de la Constitución Política de Guatemala establece que el Estado reconoce, respeta y promueve los modos de vida, costumbres, tradiciones y forma de organización social de los Pueblos Indígenas. El artículo 45 reconoce el derecho de resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución, y el artículo 33 reconoce los derechos de reunión pacífica y manifestación pública, que no están sujetos a restricción.
¿Quiénes son Luis Pacheco y Héctor Chaclán?
Luis Pacheco y Héctor Chaclán formaban parte de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, siendo Luis el presidente y Héctor el tesorero. Los 48 Cantones es una institución indígena ancestral del pueblo maya K’iche’ de Totonicapán que funciona como órgano de gobierno local para preservar los principios, valores y costumbres de las comunidades. La Junta Directiva de los 48 Cantones se elige cada año en una asamblea general de los alcaldes de todas las comunidades, y los nombrados para formar parte de la Junta actúan como representantes de la voluntad comunitaria.
En octubre de 2023, los 48 Cantones de Totonicapán, junto con autoridades indígenas de otras regiones del país, realizaron manifestaciones contra las acciones del Ministerio Público, que buscaba anular los resultados de las elecciones generales de ese año, en las que resultaron electos el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. Las manifestaciones se extendieron por todo el país debido al riesgo de que se anularan los resultados electorales y no se permitiera a Arévalo y Herrera asumir sus cargos. Miles de guatemaltecos se unieron espontáneamente a las manifestaciones pacíficas y se produjeron decenas de declaraciones de diversos sectores sociales y de la comunidad internacional respaldando la defensa de la democracia.
Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como las misiones de observación nacionales, reconocieron las elecciones de 2023. Además, el Tribunal Supremo Electoral presentó de forma pública y transparente los resultados electorales, lo que hacía inconcebible que el Ministerio Público solicitara su anulación.
Reacciones nacionales e internacionales
La detención de los exdirigentes de los 48 cantones de Totonicapán ha provocado una indignación generalizada tanto a nivel nacional como internacional.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que «el uso indebido del derecho penal en Guatemala para detener a líderes indígenas» es preocupante, y enfatizó que «participar en manifestaciones pacíficas es un derecho humano que no debe ser sancionado».
Türk ya había elogiado anteriormente la movilización colectiva de 106 días de las autoridades indígenas y su papel en la defensa de la democracia y el Estado de derecho en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, afirmó que la detención de los ex dirigentes indígenas se ajusta a los patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos, ampliamente documentados en sus informes. Señaló que estos patrones incluyen el uso de cargos penales ambiguos y desproporcionados, la reserva de los casos, la revelación anticipada de diligencias a través de cuentas asociadas a «netcenter» y el abuso de la prisión preventiva. Además, revelan la total falta de independencia del Ministerio Público.
La CIDH recordó que, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, todas las instituciones del Estado están obligadas a respetar los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se incluyen el derecho a la protesta y a la reunión pacífica sin temor a ser criminalizados ni sufrir ningún otro tipo de represalia. En este sentido, el uso abusivo del derecho penal contra los líderes indígenas produce un efecto intimidatorio colectivo y socava su derecho a la libre determinación.
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